Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, nos pronunciamos contra la violencia sexual de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes nicaragüenses.
Estadísticas de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional reportan en el año 2011, un total de 3,660 denuncias de violencia sexual, en el primer semestre del presente año registraron un total de 1,873 denuncias de violencia sexual, 1050 de las victimas son menores de 14 años de edad.
El Instituto de Medicina Legal reporta que en el primer trimestre del presente año, realizaron 1312 exámenes médico forenses, lo que significa 14.6 peritajes por día. El 51.4% de los exámenes forenses fueron practicados a niñas y niños menores de 13 anos de edad.
Entre los años 2005 y 2007 el monitoreo a los medios escritos de comunicación nacional, registran que del total de las niñas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual, 198 resultaron embarazadas producto de la violación. De estas 172 fueron niñas entre l0 y 14 años de edad, quienes no tuvieron opción para la interrupción legal del embarazo, siendo obligadas en algunos casos a ser madres de sus propios hermanos.
Estos datos evidencian que siguen siendo las niñas y las adolescentes las que más sufren este flagelo,agravado con los embarazos y la maternidad impuesta por violación.
Un cruel ejemplo es el de una niña de 13 años de edad, víctima de violación en Granada y cuyo agresor, el jugador de béisbol profesional Jimmy González, quien se encuentra libre y sin proceso judicial, pese a haberse demostrado mediante prueba de ADN el vínculo con el recién nacido. A pesar de que se ha insistido en la demanda de justicia para la niña, las autoridades permanecen en silencio.
Similar situación se dio con la niña de 12 años de edad, originaria de Walpa Siksa y quien luego de enfrentar un embarazo altamente riesgoso, diera a luz a un recién nacido que fue presentado por las autoridades como “un milagro de Dios” sin mostrar ningún interés en la persecución del agresor sexual; seguimos esperando respuesta de parte de las autoridades responsables.
La reciente violación cometida por oficiales de la Policía y vigilante de la empresa de seguridad El Goliat, en contra de una niña con discapacidad de 12 años de edad; quien a pesar de haber denunciado inmediatamente el hecho y de ser un hecho gravísimo, las autoridades policiales duraron un mes en remitir las investigaciones al Ministerio Público y dos días para que dicha institución ejerciera la acción penal, solamente contra tres de los señalados, sin dar explicación del porque no se han tomado las mismas medidas con los otros implicados.
Por ello declaramos que nos encontramos ante una SITUACIÓN DE ALERTA e instamos a no desistir en la DENUNCIA de los delitos de violencia sexual, y exigir a las instituciones del Estado que cumplan con el deber de asegurar y proteger los derechos de niños y niñas; para lo cual, los operadores de justicia están obligados a utilizar todos los recursos jurídicos, técnicos y profesionales para que el agresor sea juzgado por el delito cometido.
Nos preocupa profundamente, que el embarazo de las niñas y adolescentes, sea vinculado por las autoridades con el inicio temprano de las relaciones sexuales, sin dimensionar el abuso y la violación sexual como la causa principal y mayoritaria de dichos embarazos, a pesar de ello, lamentamos que no existan coordinaciones interinstitucionales que den seguimiento y profundicen en la investigación, persecución y sanción contra las agresores.
Todas estas situaciones evidencian, una singular protección del sistema hacia los abusadores sexuales, por lo cual exhortamos a que se tomen medidas integrales y una enérgica política de Estado contra la violencia sexual ejercida hacia las niñas y adolescentes; de forma tal que nos dirigimos a las instituciones estatales para demandar:
1. A la Policía Nacional, a realizar y profundizar las investigaciones con la debida diligencia y la celeridad que ameritan los casos de violencia sexual, destinando para ello, el máximo de los recursos disponibles.
2. Al Ministerio Público la publicación estadística sobre el ejercicio de la acción penal en dichos casos, los que se encuentran en investigación y los que fueron archivados.
3. Al Poder Judicial demandamos la publicación estadística de los resultados de la judicialización de cada uno de los casos planteados, donde se especifique el número de agresores sexuales que se encuentran bajo condena por el delito cometido y los que resultaron no culpables después del proceso judicial.
4. Al Ministerio de la Familia, la aplicación de medidas de protección especial a favor de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que incluyan, atención psicológica, albergues según la necesidad del caso, seguimiento del caso con los operadores de justicia.
5. A la Asamblea Nacional ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW y que se cumplan con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos de la niñez y de las mujeres, procurando acceso a la justicia y reparación de los daños causados a las víctimas.
La idea de estos procesos es promover la reflexión en base a los hallazgos encontrados en la investigación Sostenibilidad y Liderazgo realizada por Puntos de Encuentro en mayo 2012. Entre estos se destaca la necesidad de involucrar a las comunidades con las que se trabaja en la recaudación de fondos para darle continuidad a las acciones de defensa y promoción de derechos de las mujeres.
